Colombianos Incrementan la Solicitud de Acciones de Tutela por el Derecho a la Salud
Enero 22, 2016
Los números son claros. Durante el 2013 se registró un
aumento de un 7,1% en las acciones de tutela solicitadas por los colombianos.
Además, una cuarta parte de las solicitudes están ligadas al
derecho a la salud. Estos datos figuran en el informe "
La tutela y los derechos a la salud y la seguridad social 2013", presentado por el Defensor del pueblo, don Jorge Armando Otálora.
¿Qué es la acción de tutela?
El
artículo 86 de la Constitución de Colombia señala que la acción de tutela es el mecanismo efectivo por el que los colombianos pueden proteger sus derechos fundamentales, cuando una acción u omisión de cualquier autoridad pública los ponga en peligro y no haya otro mecanismo para defenderlos.
Dicha acción estipula un
plazo máximo de 10 días para que la autoridad judicial se manifieste de modo efectivo tras un procedimiento sumario e improrrogable que alumbre un fallo judicial de inmediato cumplimiento.
El desarrollo reglamentario de la acción de tutela se contempla en el
Decreto extraordinario 2591/91 de Colombia, donde se estipulan los pormenores de la acción de tutela.
Acciones de tutela presentadas por los colombianos
El informe del Defensor del Pueblo señala que los ciudadanos presentaron acciones de tutela sobre todo reclamando su derecho de petición en base al
artículo 23 de la Constitución. Casi la mitad de las acciones de tutela fueron por este motivo.
En segundo lugar estuvieron las acciones relacionadas con el derecho a la salud, con un porcentaje del 25,3%, lo que supone más de una de cada cuatro acciones de tutela presentadas. Este porcentaje equivale en cifras a un total de más de cien mil solicitudes, dato que preocupa especialmente a la
defensoría del pueblo y cuyas causas y repercusión analiza en el informe presentado.
El resto de las acciones de tutela presentadas se refieren a otros derechos económicos, sociales y culturales; vida digna y dignidad humana; y
seguridad social.
Acciones de tutela relacionadas con el derecho a la salud. Estadísticas y causas.
El mayor número de tutelas presentadas están relacionadas con los tratamientos médicos; hasta un total del 26,18% de las acciones fueron iniciadas por este motivo y las especialidades médicas por las que los colombianos presentaron más acciones de tutela fueron la neurocirugía, la neurología, la oncología, la ortopedia y la psiquiatría.
Además de los tratamientos, otros de los rubros en los que se registraron acciones de tutela fueron:
- Medicamentos, 15,92%.
- Citas médicas, 11,47%.
- Cirugías, 9,41%.
- Prótesis, órtesis e insumos médicos, 9,06%.
La mayor parte de dichas acciones se presentaron contra
Coomeva, la nueva EPS, Saludcoop y Caprecom. Estas EPS suman
más de 40.000 del total de las acciones de tutela registradas, casi la mitad del total de las acciones presentadas relativas a la salud.
Distribución geográfica de las tutelas por el derecho a la salud
El documento presentado por el Defensor del Pueblo también recoge una distribución geográfica de las tutelas presentadas por departamentos:
- Antioquia fue, con gran diferencia, el departamento donde se presentaron mayor número de tutelas, con más de una quinta parte del total nacional, el 21,74%.
- Bogotá aparece en segundo lugar con el 11,59%.
- El Valle del Cauca está en tercer lugar con el 10,76%.
- Caldas es el cuarto departamento en la estadística, con el 6,74%.
- Santander es el quinto con el 6,28%.
Por otra parte, las tutelas presentadas contra el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) se han incrementado por encima de la media del 7,1% interanual, ya que han crecido un 18,05%. Este incremento por encima de la media nacional también se percibe en las
tutelas presentadas contra las Fuerzas Militares y la Policía para reclamar servicios de salud, ya que las mismas aumentaron en un 12,78%.
La conclusión a la que se llega tras analizar estos datos, es que
cada día son más los colombianos que sienten amenazados algunos de sus derechos fundamentales, una razón de peso para informar a los ciudadanos de todos los mecanismos de que disponen para garantizar el respeto a dichos derechos y que puedan reclamar frente a las acciones que los pongan en peligro.
